En el marco de la Semana de la Pyme impulsada por el Gobierno, fueron convocados a un foro organizado por Microsoft Chile, ACTI, País Digital y PDI, para debatir sobre la realidad de los ataques informáticos dentro de las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Ellas, según datos entregados por Microsoft, entre 2013 y 2014 tuvieron un aumento de ataques en más de un 60% por parte de los cibercriminales.

Según las conclusiones de este foro, realizadas por las empresas y entidades invitadas, no de los principales responsables de los ciberataques, es el uso de software ilegal o pirata, porque junto con la instalación de este tipo de programas, se agregan malwares a los dispositivos que sus propietarios ni siquiera saben cuánto tiempo lo tuvieron antes de descubrirlo.

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Los riesgos de tener este tipo de programas, son principalmente: robo de información sensible, como datos bancarios y todo lo que sea de algún valor para la víctima. En ese sentido, las pymes tienen un rol protagónico, porque según cifras de Verizon, en el mundo, cada 1,5 segundos una empresa es atacada, y un blanco frecuente son las empresas de menor tamaño.

Microsoft culpa al software ilegal como el principal culpable de los ciberataques.
Microsoft culpa al software ilegal como el principal culpable de los ciberataques.

Chile frente al software ilegal

El país se encuentra como uno de los blancos principales para los ataques de phishing en América Latina, con más de mil ataques, superado sólo por Brasil, con más de 3 mil ataques, cada día se van sumando nuevas amenazas. En ese sentido, las herramientas con las que se cuenta para hacer persecución penal deben estar en constante actualización y por ello, los actores de la industria del software hicieron un llamado a actualizar la legislación vigente sobre delitos informáticos, que data de 1993.

Finalmente y bajo esta mismo raciocinio, el gobierno chileno anunció en este foro a través de la subsecretaria de Economía, Katia Trusich, que en abril de este año se implementó un comité interministerial para elevar los estándares en la lucha contra el cibercrimen y apoyar a las PYMES en economía digital.

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